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Las autonomías como Estado del bienestar de la clase política

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La "izquierda" española se indigna contra los recortes sociales que afectan al gasto público social, esto es, aquél que engloba al gasto en pensiones, educación, sanidad y servicios sociales. Ello es coherente en una izquierda social, preocupada por los derechos sociales, la desigualdad social y económica, etc.

Pero ya sea por ignorancia de la población desinformada que apoya a Podemos, o por el engaño de la dirección de este partido, no se denuncia la causa real que explica la disminución del gasto público social: el mantenimiento del estado de las autonomías. Podemos defiende éste, incluso es partidario de ampliar las transferencias a las regiones, una locura que llevaría a la destrucción de España. Este partido probablemente esté interesado en hacer los mismo que el PSOE y el PP, aprovecharse de esta administración paralela, para colocar a amigos, familiares y compañeros de partido. Personas que no son capaces de emprender un negocio, aprobar unas oposiciones o buscarse la vida en el sector privado, pero sí tener la cara dura de pretender dedicarse a la "política" durante 40 años a costa de todos los españoles.

Para que vean ustedes la magnitud del problema voy a darles una serie de datos que muestran el enorme disparate que supone mantener las Comunidades Autónomas (CC.AA.):

— Las CC.AA. gestionan un volumen de gasto que ascendió a 125.407 millones de euros durante los once primeros meses de 2016, según la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado). Esta cantidad es casi un tercio del gasto conjunto de las Administraciones Públicas (salvo los Ayuntamientos) y equivale a dos tercios del gasto del Estado. Este último incluye el gasto de la Administración Central (Gobierno y Ministerios), Periférica (Delegaciones y Subdelegaciones) y Exterior (Embajadas y Consulados). España es el cuarto país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), donde el peso del gasto de la Administración Central es menor, sólo por detrás de Suiza, Alemania y Bélgica.

— Existen numerosos organismos entre Administraciones Públicas (central, regional y local) con las mismas funciones: observatorios, embajadas y oficinas autonómicas, órganos consultivos, institutos de estadísticas, jurados de expropiación, etc. Sólo este gasto en duplicidades entre administraciones supone 36.000 millones de euros al año, según el economista Roberto Centeno.

— Los funcionarios de estos 17 pequeños estados son los que más caro salen al contribuyente. Durante 2015 ganaron 2.738,6 euros al mes, cuando la media del total de empleados públicos se sitúo en 2.586,2 euros, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).

— Dada la opacidad existente es difícil saber cuál es el número real de empleados públicos enchufados. Algunos medios como Libertad Digital han publicado que sólo la Junta de Andalucía ha podido tener entre 25.000 y 36.000 empleados a dedo(*).

— Más gasto ineficiente da lugar a mayor presión fiscal. Ello explica que la familia media española tenga una de las presiones fiscales más altas de todos los países desarrollados.

Consecuencias

— En conjunto, las administraciones regionales cerraron 2015 con un déficit público de 18.722 millones de euros. Esta cifra supone un tercio del déficit conjunto de las Administraciones Públicas.

— Los pasivos en circulación (deuda total real) de las CC.AA. alcanzan los casi 300.000 millones de euros. Desde que comenzó la crisis se han multiplicado por tres.

Es evidente que existe una falta de control sobre el gasto público que realizan las CC.AA., causante a su vez del deterioro de la calidad en la enseñanza y en la sanidad publica. Hay que atender más a cómo se gasta que a cuánto se gasta. Roberto Centeno también señala que el coste de estos servicios se ha incrementado un 60%, desde que fueron transferidos a las CC.AA. al inicio de la segunda legislatura de Aznar.

Tener un Estado tan descentralizado no tiene justificación política, cuando la única nación que hay es la española. La supresión de las CC.AA. supondría un ahorro de unos 100.000 millones de euros, lo que ayudaría a mejorar la eficiencia en el gasto público social.

Como es natural ningún partido está por la labor, ni siquiera de reducir el peso de esta administración paralela. Si Podemos fuera útil para combatir la corrupción dejaría de denunciar los efectos de ésta, y señalaría sus causas. Pero en Podemos no parecen creer en la meritocracia, pero sí en el carnet de partido y en la fidelidad a su jefe.


(*) Según fuentes de sindicatos de funcionarios públicos.


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Sebastián Núñez
Aprendiz de la economía. Lector nocturno y aficionado al deporte.

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