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¿Por qué ha aumentado tanto el precio de la electricidad en España?

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El precio de la electricidad para un hogar medio en España creció un 164,8% entre 1998 y 2013, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Según el Instituto Nacional de Estadística el índice de precios de consumo de la electricidad, del gas y otros combustibles aumentó un 73,86% si se compara los datos del pasado mes de agosto con los del mismo periodo de 2002.

Los autores del estudio del ODG, sobre el coste real de la energía, tratan de vincular este drástico crecimiento en el precio de la luz, con los “pagos ilegítimos” de los usuarios pagan en su factura a las compañías eléctricas. Según este organismo estos se caracterizan por ser injustificables, antieconómicos y no responder a los intereses de los usuarios. Los autores del informe estiman que los supuestos pagos ilegítimos se situaron entre 66.097,78 y 76.680,78 millones de euros entre 1998 y 2013. Si se considera el efecto de la inflación hasta 2013, estos se encontrarían entre 81.709 y 103.892,88 millones.

Para el ODG el origen del problema se encuentra en la liberalización del sector eléctrico español (Ley 54/1997) a partir de 1998. A partir de entonces el mercado iba a jugar un papel importante en la fijación del precio de la electricidad.

Los autores del informe dividen la tarifa eléctrica en su componente regulada, en la existencia de otros pagos y en una componente de mercado. Sólo la parte regulada supuso 27.188 millones de euros de “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. Ello sin la actualización de precios a 2013. Estos pagos se distribuyeron de la siguiente manera:

Pagos relacionados con el déficit de tarifa: 13.169 M€

Están asociados al desfase entre los costes reconocidos por la administración a las compañías eléctricas y los ingresos conseguidos a través de los precios regulados que pagan los consumidores. Los autores del informe indican que el déficit se genera ante el desconocimiento de los costes reales de generación. Estos influyen sobre el precio de mercado y las tarifas impuestas por el gobierno. El déficit se produjo al ser la primera variable más los costes reconocidos de acceso superiores a la última variable para todos los ejercicios desde el año 2000 hasta el año 2013.

Pagos asociados al coste de transición a la competencia: 7.327 M€

Entre 1998 y 2006 la administración compensó económicamente a las compañías eléctricas por los riesgos inherentes de participar en un nuevo mercado -donde ellas mismas estaban presentes-. Según el ODG a la ilegitimidad de estos pagos se unió su ilegalidad, ya que las eléctricas cobraron demás 3.400 millones de euros.

Pagos vinculados al carbón nacional: 2.027 M€

El ODG basa la ilegitimidad de estos pagos en que los perjuicios causados por la explotación y el empleo de carbón nacional son superiores a los posibles beneficios que pudiera obtener la sociedad. En este sentido hay que tener cuentas las ayudas a la industria del carbón.

Pagos ligados a la industria nuclear: 4.665 M€

En este caso los redactores del informe centran la falta de legitimidad en el coste que supone la moratoria nuclear, ya que esta anulaba la decisión de seguir construyendo plantas nucleares adoptada por el régimen franquista. Un régimen que por ser dictatorial carece de “legitimidad social”. A ello hay que unir el coste de la vigilancia y el riesgo de los residuos radiactivos para las generaciones futuras. Este problema se agrava con el despilfarro de supuestas inversiones en centrales nucleares.

El ODG fija en 13.166 millones de euros el concepto de “otros pagos de la tarifa”. Estos “pagos ilegítimos” se dividieron de la siguiente forma entre 1998 y 2013:

Pagos según capacidad: 5.458 M€

Para el ODG el origen de este “pago ilegítimo” tuvo lugar a partir de 2005, cuando la potencia instalada era 1,5 veces superior a la demanda instalada. Pese a ello se siguió incentivando las inversiones en instalaciones de generación de más de 50MW. La situación se torno aún menos comprensible cuando la demanda comenzó a estancarse en 2007.

“Alquiler de contadores”: 3.268 M€

Según los autores del estudio la Orden del 20 de diciembre de 1984 fijaba que las empresas alquiladores de los equipos tenían que atender a la 'adecuada renovación y actualización del parque de contadores'. A este respecto las empresas distribuidoras no han llevado a cabo ninguna actividad que se le parezca, cuando la mayor parte de los contadores tenían más de 10 años de antigüedad.

“Contratos de interrumpibilidad”: 2.700 M€

En este caso se trata de un pago que trata de evitar los cortes de suministro. El ODG denuncia que el 99% del mismo se realizará entre 2008 y 2013, es decir, cuando existía más exceso de potencia eléctrica instalada.

Impuesto de electricidad según término de potencia: 1.740 M€

Para el ODG carece de justificación que este impuesto grave la capacidad máxima que las eléctricas ponen a disposición de los consumidores en lugar de la electricidad consumida por este.

Por otra parte los redactores del estudio denominan como "beneficios caídos del cielo" a aquellos que ha obtenido el sector eléctrico como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema de precios de la luz. Estos beneficios extraordinarios fueron sufragados por los usuarios en su tarifa eléctrica y se estiman en 10.583 millones de euros .

El ODG cifra en 25.743,78 millones de euros los “pagos ilegítimos” que procedían de la tarifa fijada por el mercado entre 1998 y 2013. Estos de distribuyeron entre:

“Subasta CESUR”: 1.511,58 M€

Según el ODG la mayoría de entidades financieras que ganaron las subastas CESUR lograron un beneficios extra en casi todos los trimestre desde la segunda mitad del 2009. Estas entidades actúan como intermediarias entre las empresas generadoras de electricidad y las comercializadoras de la tarifa de último recurso. Para este organismo la “ausencia de transparencia” en las subastas facilita que los ingresos que consiguieron las entidades financieras de las comercializadoras hayan sido superiores al precio de mercado que tuvieron que pagar a los generadores. Este “sobrecoste” perjudicó a los consumidores que hubieron contratado la tarifa de último recurso.

Deuda y déficit de tarifa: 24.232,3 M€

Para financiar el 'déficit de tarifa' las empresas eléctricas emiten deuda avalada por el Estado. Al estar su pago garantizado por este, los autores del informe señalan que tanto la amortización como los intereses que genera esta deuda suponen un nuevo pago adicional en la factura eléctrica de los consumidores.


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Sebastián Núñez
Aprendiz de la economía. Lector nocturno y aficionado al deporte.

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