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La Ley de Memoria Histórica se queda de nuevo sin financiación estatal

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Lápida rota. Hurk (Pixabay.com)

La Ley de Memoria Histórica o Ley 52/2007 del 26 de diciembre reconoce y amplia derechos, además de establecer medidas a favor de aquellas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que fueron perseguidas y torturadas por sus ideas políticas o religiosas. Con este fin, esta ley establece que los entes públicos correspondientes están obligados a realizar tareas tales como la investigación, localización e identificación de los desaparecidos.

Volviendo al pasado a quien le guste y a quien no le guste, la etapa de Zapatero como presidente del Gobierno quedará marcado por dos claras señas de identidad: la legalización del matrimonio homosexual, así como otros reconocimientos, y la Ley de Memoria Histórica. Cabe remarcar que esta ley no entró en vigor hasta 2007, sin embargo, el Gobierno empezó a subvencionar la causa en 2006, con dos millones de euros. A partir de ahí, no paró de crecer esa cantidad hasta 2011. En 2009, las ayudas públicas alcanzaron los 3,87 millones y en los dos últimos años, la cifra se estabilizó en torno a los 5,68 millones.

Pues bien, con la llegada del Partido Popular al Gobierno, solo en el primer curso las ayudas públicas a esta investigación cayeron más de la mitad con relación al año anterior, hasta un total de 2,5 millones. Desde entonces, la hucha pública para la aplicación de esta ley se encuentra totalmente vacía. La justificación utilizada año tras año por el partido dirigido por Mariano Rajoy era la crisis económica, una razón que a los familiares de las víctimas les sabe a poco teniendo en cuenta el dinero despilfarrado procedente del erario público en ‘rescates’ y otras cuestiones. No obstante, hay que tener en cuenta las que parecen que son las preferencias del PP, que, con Aznar al frente del Gobierno en la etapa del 2000 al 2003, dedicó un total de 150.000 euros de dinero público a la Fundación Nacional Francisco Franco, una entidad privada con el objetivo de difundir la figura del dictador y fomentar la investigación sobre la dictadura. ¿Se imaginan una fundación de apoyo a Hitler en Alemania que esté subvencionada por el Estado? Saquen sus propias conclusiones.

Con respecto a la ley, algunos Gobiernos autonómicos han sacado sus propias normativas. En Andalucía, la Junta ha aumentado un 8,5% la dotación de memoria democrática, hasta 1.263.426 euros destinados en este 2017. Por otra parte, el Gobierno socialista aragonés apoyado por Podemos, IU y CHA aprobó una partida de 275.000 euros. Por último, en la Comunidad Valenciana, además de multas para aquellos que intenten obstruir la investigación, habrá contenidos académicos en secundaria y Bachillerato. El Gobierno socialista presidido por Ximo Puig y apoyado por Oltra presentó un anteproyecto de ley que tenía como uno de sus objetivos la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática y del Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, que en 2017 contarán con unas ayudas de 224.000 euros.

Una cosa debe quedar clara, hacer frente a este tema no es reabrir heridas del pasado, esto no va por ‘rojos’ ni por ‘fascistas’, sino que olvidar de dónde venimos y no respetar los derechos de las víctimas afecta a la calidad de nuestra democracia actual.


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Pablo Gil Mora

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