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Españoles cómplices de la barbarie

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La situación económica de España no puede ser más desastrosa. La semana pasada nos enteramos que el PIB cayó un 18.5% durante el segundo trimestre en relación al trimestre anterior. En términos interanuales hasta un 22,1%, según el INE.

Entre abril y junio se han destruido 1.074.000 empleos (no se incluyen los afectados por ERTE). El número de parados oficiales asciende a 3.368.000. No obstante, el paro real es superior, dado que la cantidad de activos potenciales alcanza 1.481.000. Siguiendo las normas de la Organización Internacional de Trabajo, el INE no considera como parados a este colectivo. Forma parte de la población inactiva al tratarse de personas sin trabajo, disponibles para trabajar, pero que no buscan empleo. Tal y como reconoce dicho organismo el confinamiento y el cierre de empresas ha imposibilitado que un 1.628.500 busquen empleo. Los afectados por un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo), registrados como ocupados en la Encuesta de Población Activa, ascienden a 1.809.000 personas.

Hasta 1,46 millones de trabajadores autónomos han cesado su actividad o la han reanudado con una caída del 75% de su facturación, según el Ministerio de Trabajo. Hay 51.088 empresas menos que en febrero.

Más de 150.000 personas afectadas por un ERTE aún no han cobrado la prestación por desempleo que les corresponde. Según publicaba el 26 de julio el diario Vozpópuli, las personas que se quedan en paro actualmente no cobrarán la prestación hasta noviembre. Ante la falta de medios y personal, los servicios del SEPE están colapsados.

El déficit público de las Administraciones Públicas (AAPP) acumulado hasta mayo, sin incluir las corporaciones locales, ascendió a 47.009 millones de euros, el 4,20% del PIB. Según el Ministerio de Hacienda un 53,32% más que entre enero y mayo de 2019. Y es que los ingresos han caído en 9.295 millones de euros, mientras que los gastos han subido en 21.365 millones. Los pasivos en circulación (deuda pública total) crecieron en términos interanuales en más de 50.000 millones durante el primer trimestre del año. Los datos del Banco del España elevan la deuda al 142,5% del PIB.

Estos datos ponen de relieve que el confinamiento ha sido un remedio peor que la enfermedad. Ha sido una medida desproporcionada. En lugar de proteger únicamente al segmento de la población más vulnerable, el Gobierno, por miedo e incompetencia o simplemente por connivencia con la élite globalista, prefirió sacrificar la economía, destruyendo una de las principales fuente de ingresos, el turismo.

Basta leer la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio para saber que no se puede prohibir la circulación de personas en todo el ámbito nacional con la declaración del primero. El decreto del ejecutivo ha sido un fraude de ley.

Pese a ser esta medida ilegal y desproporcionada, una parte considerable de los ciudadanos la justifica, especialmente aquellos que en su día criticaron duramente la ley mordaza del PP. A esta masa aborregada, hipócrita y adoctrinada sólo les importa los derechos fundamentales cuando gobierna “la derecha” o afectan a determinados colectivos subvencionados.

También ha sido apoyada en mayor o menor grado por la oposición, y por ende por la mayoría de sus votantes o simpatizantes. Recordemos que hasta el partido de Abascal apoyó la primera prórroga del estado de alarma. Muchos supuestos patriotas que critican hoy las tropelías del Gobierno, justificarán mañana las de un futuro Gobierno de PP y Vox. Y es que al votante partitocrático sólo le importa la verdad cuando beneficia a su partido o perjudica al contrario.

El problema no es el Gobierno, sino el régimen de partidos que nos lleva exprimiendo a los españoles desde hace más de 40 años. En el ajo de la corrupción están todos, porque es inevitable que estén si quieren mantener su cuota de poder. Por ello todos los partidos defienden la versión oficial sobre el coronavirus dictada por los organismos supranacionales.

Pedro Sánchez, sabedor de que ha cometido graves delitos, delega la responsabilidad de la crisis a las comunidades autónomas. Estás administraciones, sin potestad legal alguna, están confinando a personas y obligándonos a llevar mascarillas por la calle, incluso aún cuando podemos mantener la distancia de seguridad. Hay presidentes autonómicos enriqueciéndose con la venta de mascarillas, crecidos ante el miedo, la cobardía y la ignorancia de gran parte de la población. Ésta no tiene un mínimo de curiosidad para conocer otros puntos de vista distintos a los ofrecidos por los grandes medios de comunicación. Hay quiénes hacen responsable a otros ciudadanos de la situación, tal y como quiere esta miserable clase política. Para la colmo la sociedad permanece impasible ante la inexistencia del Estado de derecho y el fin de las libertades individuales.


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Sebastián Núñez
Aprendiz de la economía. Lector nocturno y aficionado al deporte.
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