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Sin Gobierno vivíamos mejor

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Según el artículo 21.5 de la Ley del Gobierno, un ejecutivo en funciones no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tampoco puede presentar proyectos de ley al Congreso, ni al Senado. Entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 Rajoy fue presidente en funciones. En la misma situación estuvo Pedro Sánchez entre abril de 2018 y enero de este año.

Desde diciembre de 2015 España vivía un periodo de inestabilidad política. Incluso en los periodos en el que el poder ejecutivo no estaba en funciones. La falta de apoyos parlamentarios hacía muy difícil la “gobernalibilidad”. Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se han vuelto a prolongar.

Dentro de esta partitocracia cualquier combinación para formar Gobierno es perjudicial para el pueblo español. La formada por el PSOE y Podemos, gracias a la abstención de ERC, es sin duda una de las peores. La constitución del nuevo Ejecutivo sólo puede contentar a personas extremadamente ilusas, o a aquellas con la misma catadura moral que Iglesias y Sánchez.

No es difícil aventurar lo que va a hacer este Gobierno en el plano económico. España es uno de los países de la OCDE con la presión fiscal más alta sobre la clase media y trabajadora. Ello no es óbice para que la ministra de Hacienda, señale que hay margen para subir impuestos. Es decir, aún se pueden seguir creando y subiendo impuestos indirectos, los que más empobrecen a la familia media española. Los impuestos sobre la banca y las compañías tecnológicas serán repercutidos, evidentemente, sobre los clientes. Los medioambientales, perjudicarán, especialmente a los autónomos.

En el programa de la coalición entre el PSOE y Podemos no se habla de eliminar la SICAV, principal instrumento de elusión fiscal por parte de los ricos, y creado por el PSOE en el año 1984. ¿De qué sirve subir el tipo impositivo a los tramos de renta más altos si no se suprime dicho instrumento? Ni siquiera se mencionan las deducciones en el IRPF por planes de pensiones, otro medio para aminorar la carga fiscal de los que más renta tienen. En cambio, se barrunta la posibilidad de acabar con otro tipo de deducciones, que afectan a las familias con menos ingresos.

El otro día me comentaba un compañero de trabajo que ha tenido que pagar 800 euros por IRPF, cuando gana 15.000 euros al año. Había tenido la mala suerte de que había cobrado de un segundo pagador al menos 1.500 euros anuales. Esta regresividad es escandalosa, sin embargo, esta falsa izquierda no se plantea suprimirla.

Este nuevo incremento de la presión fiscal sobre la familia media española tiene como objetivo financiar parte del despilfarro de dinero público. Aumento de subvenciones a colectivos ideológicos afines, mayor número de enchufados públicos, y más privilegios fiscales y de inversión para Cataluña.

Parte de dicho despilfarro seguirá financiándose con emisiones de deuda publica. Una deuda que supera el 140% del PIB, pero que seguirá creciendo mientras el BCE siga financiando al Estado. En comparación con la economía griega, la española es demasiado grande para caer.

¿Hasta cuándo van a permitir el gobierno francés, y especialmente el alemán, esta situación? El grado de corrupción de la Unión Europea (UE) es total. Los últimos Gobiernos han incumplido los objetivos de déficit público, sin que pase absolutamente nada. Las principales instituciones de la UE saben que las cuentas públicas españolas están manipuladas. Es lo que han demostrado cuatro economistas: Juan Carlos Bermejo, Juan Carlos Barba, Roberto Centeno y Juan Laborda.

Si Christine Lagarde decidiera dejar de financiar a los Estados miembros o subir los tipos de interés, la economía española se paralizaría. ¿Cómo se iban a financiar los casi 200.000 millones de euros que emite el Tesoro?

Las subidas marginales del SMI y de las pensiones no solucionan nada. La primera medida tiene que ir acompañada de una reducción de los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. En caso de no hacerse así, crecerá el paro. La segunda decisión, debería consistir en la supresión de las autonomías. El problema de las pensiones es de sostenibilidad, no de su actualización al IPC.

Es más fácil atacar al débil, que al fuerte. Llamar a este Gobierno de izquierdas es un insulto a la inteligencia. De la misma manera que lo es pensar que éste va a mejorar las condiciones de vida de los grupos que dicen defender. Cuanto mayor tiempo esté Pedro Sánchez y sus socios en el Ejecutivo, más cerca estará España de la miseria y del caos. Su política no puede ser más destructiva para los españoles. Es una política que persigue, acosa, machaca, tritura a las personas que trabajan y cumplen la ley. Y premia al vago que no quiere trabajar y al delincuente. Para que así éste último continúe con su vida delictiva sin ninguna consecuencia ni respeto al ordenamiento jurídico.


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Sebastián Núñez
Aprendiz de la economía. Lector nocturno y aficionado al deporte.
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