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¿Cómo contrarrestar al poder económico?

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Hay economistas como Santiago Niño-Becerra que consideran que el poder político no puede hacer nada frente al poder económico. Es decir, que todas las decisiones políticas que adopte el Gobierno o el Parlamento están dictadas de antemano por las grandes entidades financieras y las sociedades no financieras. La afirmación de dicho economista es falsa, ya que esto depende del tipo de sistema político que exista en un país.

Es cierto que en España y muchos países los poderes fácticos suelen influir demasiado en las decisiones políticas. No olvidemos que los bancos y fondos de inversión compran deuda pública de los Estados, es decir, son sus acreedores junto a los bancos centrales, y menor medida junto a sociedades no financieras y particulares. Los bancos a su vez condonan deuda de los partidos políticos y al igual que las grandes empresas no financieras donan a éstos y fichan a expolíticos. En España hay constructoras que han donado a partidos políticos a cambio concesiones de obras. El sistema financiero ha recibido una ingente cantidad de dinero a cargo del contribuyente y el Estado hoy es propietario de Bankia, que luego privatizará. Lo primero es ilegal según la ley de financiación de los partidos políticos y lo segundo es ilegítimo en tanto no se puede emitir deuda pública para financiar a terceros. Por no hablar del dinero negro y las comisiones entre partidos y empresas.

En definitiva, en nuestro país mandan los intereses económicos de la oligarquía política y del IBEX 35. El conchabeo entre ambas oligarquías se explica gracias a una corrupción inherente al sistema político, sin separación de poderes y sin un sistema de elección representativo. Los partidos políticos, a través de su representación en el Congreso y el Senado eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y estos a su vez y de manera discrecional a los miembros del Tribunal Supremo (salvo el presidente, que es el mismo que el del CGPJ). Que los cargos públicos sean juzgados por este tribunal (están aforados) garantiza su casi total impunidad. Las listas electorales dan el poder al jefe de partido, quién en última instancia decide quiénes van a ir en la lista. Los partidos emplean el mandato imperativo en las votaciones en las Cámaras, incumpliendo la propia Constitución (artículo 67). Por tanto, los diputados y senadores pueden incumplir el programa con el que se comprometieron frente a sus electores, sin miedo a ser revocados, ya que esta decisión depende exclusivamente del aparato del partido.

En un sistema democrático en términos formales la nación está a salvo de los abusos de poder de ambas oligarquías. Para ello es fundamental que exista un sistema electoral representativo del elector. En lugar de un sistema proporcional de listas de partido, un sistema mayoritario uninominal. En este último los candidatos no van en una lista y representan al distrito que los elige. En caso de que no cumplan su programa pueden ser revocados por el distrito y ser sustituidos por un suplente. Por consiguiente, en este caso el mandato imperativo lo tiene el elector, no así los partidos políticos. Este tipo de representación está en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. El Parlamento representa a la nación frente al Estado, representado por el Poder Ejecutivo. A partir del enfrentamiento de ambos poderes (Legislativo y Ejecutivo) y con una justicia independiente, se puede reducir drásticamente el nivel de corrupción y el poder de los que van en contra de la nación. Para garantizar una justicia independiente, los miembros del CGPJ deberían ser elegidos únicamente por profesionales del mundo jurídico: abogados, jueces, fiscales, procuradores, etc. La separación de poderes implica también elecciones separadas, una para elegir al presidente del Gobierno y otra para elegir a los diputados.

En España los intereses de la nación están subyugados por los del establishment político, mediático, y especialmente económico. Por ello hay una alta presión fiscal, un despilfarro de dinero público, millones de enchufados en instituciones y empresas públicas inútiles, más deuda pública, problemas territoriales, etc. Corrupción en definitiva. Dado que el sistema no puede cambiarse sustancialmente desde dentro, cada voto en unas elecciones legitima dicha corrupción. Hay votantes que no son conscientes de esto por su ignorancia o su desinterés hacía la política. Pero ya es hora que esta proporción de votantes sea consciente de este problema y no vote en las próximas elecciones, sea abstencionaria. Pase de ser súbdita a ser ciudadana. Es la única manera de deslegitimar el sistema y poder implantar una democracia formal, cuyo dos requisitos* son la separación de poderes y el sistema de elección representativo.


*Para el pensador político Antonio García-Trevijano y la economista Susan Rose-Ackerman, la falta de estos dos requisitos en muchos sistemas políticos es lo que provoca corrupción.


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Sebastián Núñez
Aprendiz de la economía. Lector nocturno y aficionado al deporte.

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